
El régimen semidemocrático del presidente venezolano Hugo Chávez nos tiene acostumbrados a las noticias más pintorescas y menos ortodoxas que podamos escuchar en los medios de comunicación. Sus ataques a la oposición a los medios venezolanos considerados opositores, sus insultos a Estados Unidos y a Obama o sus amenazas a líderes extranjeros que no resultan de su agrado se han convertido en el pan nuestro de cada día, que el líder bolivariano nos entrega asiduamente para nuestro asombro.
Durante los últimos años hemos visto como el citado régimen amenazaba los intereses tanto de empresas españolas en la región, como de los propios ciudadanos españoles residentes en el país. Hemos asistido a su apoyo y financiación de grupos políticos hostiles a los intereses españoles en la región y, al mismo tiempo, como ha tratado de ganarse el apoyo de potencias autoritarias como Rusia o China o de regímenes tan cuestionables como el iraní, ofreciéndoles una entrada estratégica en una región en la que no estaban presentes.
A todo esto, se añade una nueva causa que nos hace desconfiar aún más del régimen bolivariano; la amenaza a nuestra seguridad. Los recientes informes judiciales hechos públicos en diarios como El Mundo o ABC establecen una más que creíble relación entre el presidente Hugo Chávez y movimientos terroristas como ETA o las FARC, con las consiguientes consecuencias que ello podría tener. Lejos de arrepentirse, el citado líder ha bromeado con el asunto y el gobierno español, pese al escándalo que suponen tales revelaciones, poco ha hecho para frenar al dirigente venezolano.
El asunto de Venezuela no puede dejarse al arbitrio de la historia durante más tiempo. Si los ciudadanos de Venezuela apoyan a un líder que recorta sus libertades y les priva de sus derechos, es asunto suyo. Pero si sigue amenazando nuestros intereses y nuestra seguridad, la cuestión también se convierte en asunto nuestro. Convendría tomar las medidas más enérgicas para frenar el efecto desestabilizador que supone su gobierno para toda la región, estableciendo una verdadera contención para él y sus aliados. Por parte del gobierno español, convendría actuar en consecuencia, promoviendo la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea, si realmente se comprueba que el citado estado se ha convertido en un santuario de terroristas, que podrían actuar con impunidad dentro de sus fronteras.
Durante los últimos años hemos visto como el citado régimen amenazaba los intereses tanto de empresas españolas en la región, como de los propios ciudadanos españoles residentes en el país. Hemos asistido a su apoyo y financiación de grupos políticos hostiles a los intereses españoles en la región y, al mismo tiempo, como ha tratado de ganarse el apoyo de potencias autoritarias como Rusia o China o de regímenes tan cuestionables como el iraní, ofreciéndoles una entrada estratégica en una región en la que no estaban presentes.
A todo esto, se añade una nueva causa que nos hace desconfiar aún más del régimen bolivariano; la amenaza a nuestra seguridad. Los recientes informes judiciales hechos públicos en diarios como El Mundo o ABC establecen una más que creíble relación entre el presidente Hugo Chávez y movimientos terroristas como ETA o las FARC, con las consiguientes consecuencias que ello podría tener. Lejos de arrepentirse, el citado líder ha bromeado con el asunto y el gobierno español, pese al escándalo que suponen tales revelaciones, poco ha hecho para frenar al dirigente venezolano.
El asunto de Venezuela no puede dejarse al arbitrio de la historia durante más tiempo. Si los ciudadanos de Venezuela apoyan a un líder que recorta sus libertades y les priva de sus derechos, es asunto suyo. Pero si sigue amenazando nuestros intereses y nuestra seguridad, la cuestión también se convierte en asunto nuestro. Convendría tomar las medidas más enérgicas para frenar el efecto desestabilizador que supone su gobierno para toda la región, estableciendo una verdadera contención para él y sus aliados. Por parte del gobierno español, convendría actuar en consecuencia, promoviendo la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea, si realmente se comprueba que el citado estado se ha convertido en un santuario de terroristas, que podrían actuar con impunidad dentro de sus fronteras.
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